A días de conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de decreto por el cual se establece el principio de paridad de género en la conformación y elección de las presidencias de las comisiones permanentes del Concejo Deliberante. Concejales de distintos bloques manifestaron su apoyo y celebraron la aprobación de la iniciativa:
La concejal Sandra Trigo del Bloque Hacemos por Córdoba dijo: “Queremos que se incorpore la paridad de género en la presidencia de las comisiones, para lograr un Concejo más paritario” y en ese sentido consideró que “la Democracia se nutre de mejores dirigentes y representantes que surjan en las ofertas electivas, lo que es responsabilidad de los partidos políticos. Las mejores mujeres y los mejores hombres”.
Por su parte, Alfredo Sapp (Bloque UCR) consideró desde el aspecto normativo que la iniciativa debe considerarse en el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que el derecho a la participación política de la mujeres ha sido reconocido a nivel internacional como un derecho humano y definido como “el derecho al acceso y a la plena participación en la vida política y pública, implicando un ejercicio real y efectivo de poder político así como del proceso de la toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública, implicando un ejercicio real y efectivo de poder político así como del proceso de la toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo”.
La iniciativa que lleva la firma de los concejales Trigo, Juan Domingo Viola, Juan Negri, María Iglesias, Esteban Bría, Juan Pablo Quinteros y Laura Vilches, en representación de todos los bloques del Cuerpo, considera además que siendo la provincia pionera en la materia con la sanción de la ley 8.901, que fija la paridad de género en las listas de los/las legisladores/as provinciales, es necesario avanzar en la construcción de las garantías para el efectivo ejercicio de derechos, con un abordaje integral para que la paridad y la igualdad en todas sus dimensiones impregnen cada institución, mecanismo, política pública, ley o reglamento.
