La Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia Municipal recibió hoy a funcionarios de la Justicia Administrativa de Faltas, quienes aportaron su mirada y opiniones sobre cómo se podría avanzar en la actualización de dicho Código. Participaron los camaristas Armando Mayor y Diana Márquez, y también los jueces Daniel Pereyra y Miriam Capone.
En primera instancia y con el voto unánime de todos sus integrantes, la Comisión Especial aprobó la constitución de una Comisión Redactora, formada por especialistas en derecho, que se encargará de la letra chica del futuro articulado del Código. Esos profesionales, que estuvieron presentes en la reunión, son: Pablo Sánchez Latorre, Maximiliano Calderón, Jorge Orgaz, Patricia Cóppola y Juan Manuel Lozita.
A los cinco les dio la bienvenida el viceintendente Javier Pretto. “Gracias por aceptar este enorme desafío que les toca asumir. Es una gran oportunidad para tener una herramienta importantísima para la sociedad, que sea aplicable y entendible para los vecinos”, destacó.
Pretto puso todo el Concejo “a disposición” de la Comisión y destacó el gesto del intendente Daniel Passerini “de no enviar un Código propio, ya redactado, sino de abrir el debate y la participación a todos los sectores. Tendremos ahora una ardua tarea de escuchar y relevar todas las opiniones, para luego acordar una redacción consensuada”, valoró.
Armando Mayor abrió la ronda de opiniones remarcando el carácter “sistemático” del Código, lo que implica “toda una complejidad para reformarlo de manera armoniosa”.
El camarista sugirió no perder de vista cuál es el ámbito de competencia municipal, para no incurrir en extralimitaciones. “En esta materia, la regla es la incompetencia, y la excepción es la competencia”, dijo, tras recordar que hay áreas muy “difusas” en cuanto a las competencias municipal y provincial. “Son áreas diferentes en lo jurídico y en la operatividad práctica. Hay cosas que sólo puede reprimir la fuerza provincial a través de la Policía”, recordó.
En ese sentido, afirmó que los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas (TAF) tienen justamente ese perfil: son de índole administrativa, en ámbito municipal, y se enfocan en faltas y en el orden administrativo, no en delitos. “Lo contravencional y policial, es potestad provincial. No hay competencias compartidas en eso. Nosotros no juzgamos relaciones entre vecinos, sino entre administrador y administrados. La gestión del conflicto no es propia de los TAF”, agregó.
Mayor también recordó la necesidad de que toda modificación sea sistémica, de modo que no se pierda la proporcionalidad en el régimen de sanciones y evitar así posibles impugnaciones judiciales al accionar de los TAF.
Diana Márquez ahondó en la necesidad de lograr esa “armonía” y pidió fijar el régimen de sanciones “sólo cuando ya estén definidos todos los tipos (de infracción) previamente. “Cada funcionario quiere para su área las multas más altas, pero ahí se empieza a perder la proporcionalidad”, advirtió y citó como ejemplo que hoy se sanciona con importes por demás elevados la ocupación de un estacionamiento reservado para personas con discapacidad.
Esa camarista sugirió que algún representante de los TAF se sume a la Comisión Redactora, considerando que son los jueces quienes aplicarán en definitiva el Código.
También pidió que les dejen a los jueces un margen de discrecionalidad para aplicar sanciones. “No hay que tener miedo en eso. A veces, con un régimen muy estricto se pierde proporción”, dijo citando la injusticia de que suele recaerle el mismo importe de multa a una empresa que a un particular.
Por su parte, la jueza Capone planteó que hay que trabajar más en una mirada de concientización sobre los infractores, para que modifiquen conductas, que caerles sólo con el peso de la sanción económica. “El que tiene plata, paga y sigue infringiendo. El poder económico no toma conciencia”, dijo, y sugirió que a un infractor de tránsito se le retenga la licencia hasta que, por ejemplo, realice una capacitación de tres horas. Que la variable sea el tiempo y no el dinero de la multa.
“Nos acusan de querer recaudar, pero no es así. Queremos que corrijan conductas, que reconozcan al otro, para una mejor convivencia”, resumió.
Finalmente, su par Daniel Pereyra recordó que la anterior actualización del Código, en 2016, dio un paso importante al integrar en una sola norma todas las sanciones y unificar la unidad de medida para las multas.
En consecuencia, pidió a los ediles que no proliferen por fuera del Código normas que tengan sus propios regímenes de sanciones. Y citó algunos problemas que trajo la reciente norma que agrava las sanciones por faltas ambientales. Mencionó que quizás la intención era castigar la especulación que deriva en la generación de basurales a cielo abierto, pero en la práctica se terminó aplicando multas de hasta $2 millones a vecinos que sacan la basura fuera de horario.
“Son los riesgos que se corren al poner sanciones por fuera del Código”, graficó. La Comisión Especial tiene previsto ahora convocar a secretarios del Departamento Ejecutivo, a instituciones y vecinos, para seguir relevando aportes.
