El Concejo Deliberante aprobó, en su sesión ordinaria N°7, sendos proyectos de ordenanza para que la Municipalidad de Córdoba adhiera a las leyes provinciales N°10962 de capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos, y a la ley N°10964 de capacitación obligatoria, periódica y permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas”.
Ambas normas, de reciente aprobación en la Legislatura Unicameral, invitaban a municipios a sumarse a sus postulados, con lo cual ahora también en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba se realizarán tareas de concientización sobre los dos temas mencionados, dirigidas a todos los funcionarios y empleados que se desempeñan en los tres poderes del Estado municipal.
La concejala Rossana Pérez (HUxC) fundamentó la adhesión a la ley sobre Derechos Humanos, también conocida como Ley Sonia Torres, en memoria de quien fuera titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y luchadora incansable en favor de los derechos humanos.
“El Estado es quien debe garantizar el respeto a los derechos humanos. Estas capacitaciones son oportunas y necesarias, por el contexto en que vivimos, con expresiones y situaciones que pretenden poner en tela de juicio el valor de los derechos humanos en nuestra democracia”, analizó.
Su par Laura Vilchez (FIT) adhirió a la iniciativa pero marcó lo que consideró una “contradicción”, al apuntar que “muchas veces los derechos humanos son violados por el propio Estado”.
Quien sí votó en contra, fue la edil Jéssica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad). Consideró que “antes que una capacitación, hay prioridades más importantes para los vecinos, como seguridad, educación, salud y transporte. Lamento que los derechos humanos sean víctima de uso político. No avalo este adoctrinamiento”, señaló.
Respecto de la ordenanza que promueve capacitaciones sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas”, la concejala Eva Ontivero (HUxC) celebró que ahora, con la incorporación de la Municipalidad, esa misma práctica quedará instituida por igual “en los tres poderes del Estado a nivel nacional, provincial y municipal”.
“No se puede defender lo que se desconoce. Malvinas es una causa que deber ser honrada y eso no puede quedar en el grito individual de cada veterano”, sostuvo.
Por su lado, Rovetto Yapur marcó nuevamente su disidencia, al señalar que “no es necesaria” una capacitación y que a los veteranos “hay que darles otras respuestas, como asegurarles indemnizaciones y jubilaciones, que no todos las cobran”.