Con la presencia del viceintendente Javier Pretto, hoy se reunió por primera vez la Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia Municipal, para empezar a debatir la reformulación de esa ordenanza. El grupo de trabajo quedó conformado de la siguiente manera: Nicolás Piloni (HUxC), presidente; vicepresidente, Javier Favre (UCR); secretaria, Graciela Villata (Frente Cívico), además de representantes de todos los bloques políticos. En la oportunidad, se convocó al Dr. Juan Manuel Araoz Ortega, Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, y los funcionarios de esa repartición Lucas Carpio, Ignacio Fragueiro, Ignacio Pernía y Virginia Santos, para que trazaran un panorama sobre la aplicación del Código vigente. El viceintendente Pretto dijo que la idea es reformular el Código bajo los conceptos de “participación y convivencia” y convocó a que se involucren “los ciudadanos y todos los actores relevantes, para tener un debate amplio”. “Más allá de que es una norma técnica, se nutre de la realidad. Está bueno escuchar la realidad que manifiestan todos, para tomar nota de las preocupaciones y buscar la mejor manera de lograr una convivencia armónica”, insistió. A continuación, Aráoz presentó un informe preliminar, con algunos ejes como disparadores del debate que se inicia. “Será un trabajo complejo, difícil. Tenemos que interpretar la Córdoba de 2025 y lograr coherencia jurídica para un Código sostenible. No hay apuro en sacarlo ya, porque tenemos un Código vigente. Los jueces son quienes lo aplican a diario y con ellos hemos relevado la situación actual. Hay superposiciones con otras normas, artículos que nunca aplicaron”, explicó. Entre otras, mencionó estas cuestiones a considerar: Revisión. La tecnología ha modificado hábitos y la forma de pararse frente a ellos. Por ejemplo, en el auto, el celular antes se usaba solo para hablar, pero ahora está el GPS, imágenes, reproducción de música. Un tema a debatir es si slo se lo puede utilizar con el auto detenido. Alcance. Una idea central es que el futuro Código tenga proyección metropolitana, hacia el Gran Córdoba, al menos en sus principios básicos. Participación. Tiene que ser lo más amplia posible para que los vecinos se apropien del ordenamiento; si no, puede ser letra muerta. Sistematización. Hoy hay mucha dispersión de normas. Se busca que todo lo sancionatorio se concentre en un solo lugar, de manera clara y precisa. Impacto digital. La gestión de cada acta en la Justicia de Faltas ya es digital. La tecnología permite intensificar los controles y mejorar la transparencia, mediante la trazabilidad y velocidad en cada intervención. Procedimiento. Se propone generar alguna instancia de fiscalía de investigación administrativa, dónde los vecinos puedan denunciar. Hoy, todas las actuaciones se generan desde la confección de un acta. ¿Detención?. Hoy el Código tiene una decena de sanciones posibles. Se evalúa incorporar la detención o arresto por hasta 15 días, como vía para modificar conductas en casos graves. Simplificación. De los 289 artículos del actual Código, 245 son sancionatorios, pero 41 de ellos no se aplicaron nunca; en otros 48, hubo menos de 10 actas y en otros 42, menos de 100 actas. Se pretende ir hacia un régimen más preventivo. Sobre este último punto se mencionó una estadística favorable: en el control de baldíos y basurales, cuando se intima, en el 85% de los casos los infractores corrigen la situación en un plazo de tres días. “Hay herramientas para corregir conductas y que no cometan la infracción. Queremos un cambio de paradigma, dejar lo sancionatorio e ir más hacia lo preventivo”, graficó Aráoz.

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por Marcos Vásquez (HUxC) se reunió hoy para compatibilizar cuatro proyectos en debate sobre la regulación de aplicaciones de viajes. Se logró un despacho, que fue aprobado por mayoría, mientras que los bloques opositores se abstuvieron de votar, para definir sus posturas cuando el tema se trate en el recinto en sesión ordinaria. El proyecto fija las condiciones por las cuales los servicios de transporte individual de pasajeros podrán sumarse al sistema integral y funcionar bajo pautas definidas por la Municipalidad de Córdoba, ya que hasta ahora venían haciéndolo de manera informal, sin encuadramiento legal. Las empresas deberán inscribirse y acreditar su situación tributaria, mientras que los propietarios de los vehículos tendrán que inscribirse también, aportar certificado de antecedentes, documentación del vehículo, y póliza de seguro, entre otras exigencias. El aspecto central de la regulación es que establece un cupo de coches: uno cada 375 habitantes, lo que arroja un total de poco más de 4 mil unidades habilitadas. Se calcula que actualmente circulan alrededor de 16 mil vehículos bajo esa modalidad. También se habilita que los actuales prestadores del servicio de taxis y remises puedan sumarse al uso de las aplicaciones. Respecto de la tarifa, se fija un sistema mixto, compuesto por un valor mínimo obligatorio que nunca podrá ser inferior al precio de un viaje en el transporte masivo de pasajeros; y un valor dinámico, fijado e informado al usuario antes de que tome el servicio. Para los conductores se impone un tope de 12 horas diarias para estar al mando de un coche. El cupo de vehículos fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición. La concejala Jéssica Rovetto Yapur, impulsora de una amplia desregulación para las apps, dijo que esa determinación la “decepcionó”, porque esperaba que se dejara librado al juego de oferta y demanda en el mercado. En similar sentido se expresaron sus pares Juan Balastegui (UCR) y Gabriel Huespe (Ciudadanos). “La regulación por cantidad, saca de contexto el formato con el cual están funcionando hoy las apps. Debería regular el mercado. Lo que va a pasar es que en la práctica van seguir funcionando en la informalidad”, opinó Balastegui. Por su lado, el presidente de la Comisión, Marcos Vázquez, argumentó. “Seguramente este despacho no cubre las expectativas de todo, pero buscamos un sano equilibrio, para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema. Tenemos muchas demostraciones de que el mercado no regula en favor de la gente”, destacó, tras insistir en que está primera regulación queda abierta a futuras correcciones. Vázquez también recordó que esta norma es una respuesta a la demanda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó en su reciente fallo, planteando la necesidad de dar una salida regulatoria a las apps. “A las empresas, les indicó que se inscriban; y a nosotros, los concejales, que regulemos, y es lo que hicimos. Las empresas tuvieron la oportunidad de venir a hablar y hacer sus aportes, pero no lo hicieron”, recordó Vázquez. Otro aspecto que se debatió mucho es si los choferes debían tener o no una póliza de seguro propia, considerando que las empresas propietarias de las apps ya cuentan con una cobertura. Algunos ediles consideraron que esa exigencia era redundante y que encarecía innecesariamente costos, pero otros insistieron en que había que garantizar la protección a los pasajeros en toda circunstancia. Se impuso este último criterio. El proyecto tomará estado parlamentario en el recinto el próximo jueves, y luego se definirá la fecha en que será votado por el cuerpo en su conjunto.

Hoy se reunió la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, presidida por Valeria Bustamante (HUxC), para tratar un pedido de informes del bloque del Frente Cívico, sobre el funcionamiento del servicio de emergencias médicas 107. Para dar respuestas, asistieron el subsecretario de Atención Hospitalaria municipal, Gustavo Peralta y el director del 107, Jorge Maestre, además de otros funcionarios de esas áreas. En primer término, detallaron el funcionamiento general del sistema de emergencias: cuenta con 15 móviles equipados con unidad de terapia intensiva móvil; una unidad de traslado medicalizado; otra unidad para víctimas múltiples y seis moto vehículos para primera respuesta. Gustavo Peralta dijo que en tres de los 4 Hospitales de Primera Atención de la ciudad hay unidades fijas del 107, con personal médico, pero aclaró que esa disposición “es dinámica y va cambiando de acuerdo a las necesidades”. El dato saliente que aportaron los funcionarios es que, en el último semestre, el promedio de llamadas recibidas por el 107 aumentó de 5000/5500 mensuales a 8.200 mensuales. Esa situación se atribuyó a diversos factores: en salud, más oferta de servicios empuja a más demanda; la gratuidad de servicio público; el notable incremento de llamadas provenientes de afiliados a PAMI; y el impacto de la crisis, que derivó en que mucha gente no tenga cobertura de obra social o de emergencias. Otro cambio sustancial en el perfil histórico del 107 es que no se enfoca exclusivamente en casos en vía pública. Entre el 45% y 55% de las atenciones son domiciliarias, para personas mutualizadas y no mutualizadas. “Igual estamos pudiendo dar respuestas. Hace falta actualización en automotores y tecnología médica, pero lo más importante, que es el recurso humano capacitado, lo tenemos”, precisó Peralta. Por su lado, Jorge Maestre dijo que es muy notorio cómo la gente acude al 107 porque conoce su capacidad de respuesta, frente al déficit de otras prestaciones. “Hoy, el 10% de nuestros pacientes son de PAMI. Antes, eso no existía. Ahora nos llaman porque no tienen respuestas en otro lado”, indicó. También dijo que otro factor que incide en el incremento de llamadas son los pedidos de auxilio por problemas de salud mental. En cuanto a la disposición territorial del 107, los funcionarios explicaron que la ubicación de las bases se realiza mediante un mapa de calor elaborado en base a estadísticas, que obviamente es dinámico. “Hay zonas, días y horarios que ya están medidos”, precisaron. Pusieron como ejemplo el caso reciente, de derrumbe en un edificio céntrico. A ese evento concurrió el 40% de la capacidad operativa del 107, porque en primera instancia se pensó que podía haber muchos más heridos de los que finalmente hubo. El sistema es flexible. Maestre mencionó también que los tiempos de respuesta que manejan, están dados por estándares internacionales: hasta 15 minutos para el código rojo (emergencia, con riesgo de muerte); de 30 a 45 minutos para código amarillo (urgencias, por riesgo de muerte no inminente); y hasta dos horas para el código amarillo. Por último, los funcionarios señalaron que hay expedientes en proceso para la compra de cuatro ambulancias nuevas y la restauración de otras cuatro, además de la compra de seis motos, lo cual potenciará la capacidad operativa del 107. En otro orden, la Comisión dejó en estudio un proyecto de concejales de la UCR que propone crear el programa “Córdoba pet friendly”, para fomentar la concurrencia de personas con sus mascotas a lugares públicos. La iniciativa será tratada por la Mesa que la Comisión de Salud está por crear, con cuatro ediles oficialistas y tres de la oposición, para sistematizar toda la normativa existente sobre mascotas, maltrato animal y demás temas afines, ya que se ha detectado superposición de ordenanzas.

El intendente Daniel Passerini y el vice Javier Pretto presentaron formalmente en la sede del Concejo Deliberante la convocatoria pública a debatir una actualización y simplificación del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, que rige desde 2015. La iniciativa, que fue un compromiso asumido por Passerini en marzo pasado al inaugurar el año legislativo, no partirá de un proyecto inicial del oficialismo, sino que se abrirá la discusión desde cero, con la idea de tener para el cierre de año ya aprobado un nuevo Código.La presentación se realizo ante un calificado auditorio, en el que se destacó la presencia del vocal de Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio, miembros del gabinete municipal, concejales, jueces, fiscales, intendentes del Gran Córdoba, y académicos. Pretto calificó como “muy importante para la ciudad revisar sus normas de convivencia” y celebró que esa tarea pueda realizarse “con espíritu colaborativo y el aporte de gente formada y con mucho prestigio”. El intendente, en tanto, recordó que el actual Código se generó en su momento como salida del viejo Código de Faltas, que a su vez venía de la etapa de la última dictadura. “Ahora han cambiado patrones de conducta social, vivimos una pandemia y la influencia de los medios digitales. Tenemos que repensar los modos de convivir, de vivir/con, de compartir”, dijo. Insistió también en que la decisión de no generar un proyecto previo fue justamente para facilitar la mas amplia discusión de ideas, pero si mencionó que de los 289 artículos que tiene el Código actual “más de la mitad no tuvieron ninguna aplicación práctica” que los justifique. Por eso, la Justicia de Faltas presentará la próxima semana un estudio ya elaborado para reducir ese ordenamiento y eliminar todo el articulado que no tiene razón de ser. Passerini destacó como ejes del debate que viene la simplificación de la norma, para que todos los vecinos la conozcan; la gestión de la conflictividad, a partir de sus nuevas formas y expresiones cotidianas; la mirada sobre las faltas ambientales y el cuidado de “la casa común que es la ciudad”; y la adopción de una visión metropolitana, junto a los municipios del Gran Córdoba.